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Independentistas en Cataluña proponen un pleno parlamentario para el jueves

Aseguraron que el objetivo es "analizar la agresión institucional" que supondría la intervención de la autonomía regional que prepara el gobierno español.

Aseguraron que el objetivo es "analizar la agresión institucional" que supondría la intervención de la autonomía regional que prepara el gobierno español.

Los partidos independentistas en Cataluña propusieron este lunes un pleno parlamentario el jueves para "analizar la agresión institucional" que según ellos supondría la intervención de la autonomía regional que prepara el gobierno español, informó el portavoz de la mayoría parlamentaria.

Según Lluís Corominas, portavoz parlamentario de la coalición en el poder Junts pel Sí, el pleno podría alargarse hasta el viernes, cuando se reúne el Senado español para aprobar la destitución del gobierno regional propuesta por el ejecutivo central de Mariano Rajoy.

 

"El pleno, que es soberano, determinará qué respuesta como país tenemos que dar a esta decisión del gobierno", dijo Corominas, dejando abierta la puerta a declarar la independencia de la región como reclaman algunas facciones del movimiento separatista.

Ante este desafío, el gobierno español aprobó el viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que permite intervenir la autonomía de una región si su administración no cumple con la legalidad.

Entre las medidas propuestas, que deben ser aprobadas el viernes en el Senado, figura la destitución del gobierno catalán, el control sobre la actividad del parlamento regional o la toma de control de la policía autonómica.

 

"Es un caso de violencia institucional sin precedentes", dijo Corominas, que también llamó "a la defensa pacífica y a la defensa democrática de las instituciones de Cataluña".

Sus socios en la región, el partido de extrema izquierda CUP, claves para la mayoría independentista, afirmaron este lunes que estas medidas se encontrarán con una "desobediencia civil masiva" en la región.

El objetivo del ejecutivo español es restablecer la legalidad en esta región y convocar elecciones regionales en un plazo máxima de seis meses.