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Mexicano es ejecutado en Texas tras fracaso de su gobierno en impedirlo

Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte en 1997 por la violación y asesinato de su prima de 16 años, recibió una inyección letal.

Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte en 1997 por la violación y asesinato de su prima de 16 años, recibió una inyección letal.

Un mexicano de 47 años fue ejecutado el miércoles en una prisión de Texas, informaron autoridades locales y el gobierno de México, que trató sin éxito de impedir el procedimiento ante la justicia estadounidense.

Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte en 1997 por la violación y asesinato de su prima de 16 años, recibió una inyección letal en horas de la noche. Fue declarado muerto a las 22h26 locales (04h26 GMT del jueves), precisó Jason Clark, jefe adjunto del departamento de Justicia Criminal del estado.

 

En el comunicado figuraban también las últimas palabras de Cárdenas, que hasta el final defendió su inocencia.

"No puedo ni me disculparé por el crimen de otra persona, pero ¡volveré por justicia! Pueden contar con ello", lanzó. "Quiero agradecer a mi familia por creer en mí y por estar conmigo hasta el final. ¡Los amo mucho! ¡Y sé que ustedes me aman también! La vida continúa", escribió.

"Después de 21 años de espera, finalmente se hizo justicia. No hay palabras para describir el alivio que se siente al saber que hay verdadera paz después de tanto dolor y tristeza", indicó por su parte Roxana Jones, hermana de la víctima, Mayra Laguna.

La condena se ejecutó después que el gobierno mexicano agotara todos los recursos judiciales que terminaron ante la Corte Suprema, quien se negó a revisar el caso, según un comunicado oficial.

El presidente de México Enrique Peña Nieto expresó igualmente su "más firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas en Texas que viola la decisión de la Corte Internacional de Justicia", según un mensaje en Twitter en el que envió su "más sentido pésame a los deudos".

Peña Nieto se refiere a un fallo de la Corte Internacional de 2004 en el que ordenó a las cortes estatales de Estados Unidos "revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte", entre ellos Cárdenas, por haber incumplido en informar a las autoridades consulares, un derecho previsto en la Convención de Viena.

Cinco mexicanos, incluido Cárdenas, fueron ejecutados desde entonces, 13 ya no enfrentan una sentencia capital y uno falleció de cáncer.

"El gobierno mexicano expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo", señaló el comunicado de la cancillería.

La ejecución se realizó en un momento de tensiones entre México y Estados Unidos, con el presidente Donald Trump proponiendo construir un muro para impedir el paso de indocumentados y un fuerte discurso antimexicano: les ha llamado violadores, narcotraficantes y ladrones.

En la actualidad hay 75 ciudadanos mexicanos en procesos penales que podrían acabar condenados a muerte. Otros 54 ya fueron sentenciados.

11 días sin abogado

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también había pedido detener la ejecución.

"El gobierno de Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos", indicaron dos expertas del organismo, Agnès Callamard y Elina Steinerte, citadas en un comunicado.

ACNUDH destacó que Cárdenas "no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención" y que "algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio".

La defensa insistía en que hay irregularidades del interrogatorio y la declaración de culpa, e inconsistencias del testimonio con las pruebas, generadas precisamente por la falta de asistencia consular.

En 2000, el gobierno estableció un programa de asistencia legal para los presos que enfrentan la condena capital en Estados Unidos, llamado MCLAP.

"De haber recibido asistencia consular, el Sr. Cárdenas Ramírez hubiera conservado sus derechos bajo la cláusula Miranda y hubiera accedido a un abogado durante su interrogatorio. Esto hubiera evitado que realizara una confesión incriminatoria", había subrayado el gobierno mexicano.

"Si bien el Consulado intervino una vez que tuvo conocimiento del caso, a través de los medios de comunicación, el daño era irreparable", agregó.