La vocera de la Corte Suprema, ministra Ángela Vivanco, dijo que el "criterio Valencia" para la prisión preventiva de los extranjeros indocumentados "no es un criterio legal" y que, por tanto, los jueces resolverán caso a caso las peticiones de los fiscales.
Debido a que algunos juzgados de Garantía han rechazado las solicitudes de prisión preventiva que instruyó el fiscal nacional Ángel Valencia, la portavoz del máximo tribunal del país indicó que "no es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público".
Segundo, "efectivamente hay una diferencia importante cuando un criterio, un lineamiento de esta especie, es establecido legalmente, porque entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir, cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente que cruzan con los otros antecedentes del caso".
Vivanco además aclaró que "nosotros no identificamos esto como ningún tipo de presión" con el criterio del Minsiterio Público.
"Afortunadamente tenemos buenas, cordiales y respetuosos relaciones con los demás órganos del Estado que se vinculan con nuestro quehacer, parte de ello es el Ministerio Público" y que "el fiscal nacional tiene todo el derecho de establecer lineamientos para el equipo que va desarrollando las tareas correspondientes y esto es una atribución suya, que nosotros respetamos. Obviamente como es un lineamiento interno y no es una ley genera la posibilidad de que haya desiciones diversas según cada tipo de caso, ya que cada uno se resuelve en su mérito", complementó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, aseguró que los jueces no se rigen ni están mandatados por instructivos emanados desde la Fiscalía Nacional, sino que sus resoluciones obedecen única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.
También expresó que no existen cambios en la dinámica procesal entre los tribunales de Garantía y los fiscales con el "criterio Valencia", pues no se altera el hecho de que los jueces deben cumplir su mandato constitucional