La Contraloría General de la República dictaminó que no está dentro de las facultades legales de los alcaldes obtener información sobre los pacientes con covid-19.
Esto luego de que varios ediles criticaran al gobierno de mantener una política de "secretismo" en esta materia, lo que llevó al Ministerio de Salud a solicitar el pronunciamiento del ente contralor.
De hecho, el viernes 17 de abril, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que "los alcaldes, con la mejor intención, están alentando al ministerio a que cometamos un delito, sancionado gravemente en la ley de derechos y deberes".
Según el dictamen, la información sobre los diagnosticados con COVID-19 sería parte de la ficha clínica de cada persona y, por ende, un dato sensible.
"Solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente", se lee en el dictamen firmado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.