La Contraloría General de la República dictaminó que protocolo de Objeción de Conciencia no se ajusta a derecho.
Recordemos que en 2018 el Ejecutivo emitió cambios en el protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Aborto en tres causales, regulando a las instituciones y trabajadores de la salud que podían interrumpir el embarazo.
De esta manera, el ente fiscalizador analizó dicho protocolo, resolviendo que no se ajustaba a derecho debido a que los establecimientos no pueden invocar la objeción de conciencia, ya que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud.