En la misma línea la Red de Sobrevivientes y la Fundación Para la Confianza cuestionaron el documento. "No entendemos los beneficios que este convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado para los obispos chilenos, hoy sospechados y con razón de ser encubridores y partícipes necesarios de delitos que atentan contra los derechos humanos de miles de ciudadanos chilenos", manifestaron.
El documento fue suscrito el pasado martes por el fiscal nacional, Jorge Abbott, junto con el Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), Fernando Ramos, instancia donde explicaron que el convenio de colaboración busca favorecer el desarrollo de investigaciones pasadas, en curso o próximas, que involucren delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en contra de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad.
Según explicaron, el acuerdo tiene como principal objetivo esclarecer y mejorar el proceso de investigación en este tipo de crímenes, como también preservar la protección a las víctimas y testigos. Para ello, la Conferencia Episcopal se comprometió, una vez conocidos eventuales hechos criminales, a derivar los antecedentes al Ministerio Público a la brevedad posible, con excepción de quienes se encuentren obligados a denunciar, en un plazo máximo de 24 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal.
“Esta es una invitación también para otras congregaciones religiosas, para que poco a poco vayan progresando en torno al compromiso de cooperar con el restablecimiento de la verdad y la obtención de justicia para las víctimas”, aseguró monseñor Ramos.
En tanto, la Fiscalía reiteró la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos dentro del proceso penal, donde además reitera su compromiso de otorgar el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas con el fin de cuidar su intimidad, entendiendo la gravedad de estos delitos.
"Llamamos a todas las personas, principalmente a las víctimas, a que hagan las denuncias ante el Ministerio Público y así poder iniciar las investigaciones y establecer la verdad en sus casos y, por tanto, reclamar ante los Tribunales de Justicia las sanciones que correspondan en virtud de los hechos cometidos", precisó Abbott.
Revisa el convenio en detalle