Otros expertos consultados en el texto sostuvieron que hay dos razones que “podrían ser tenidas a la vista para afirmar que el proyecto no sea pertinente jurídicamente”.
La primera de ellas es que "existe una posible afectación al derecho a conocer la verdad sobre los delitos ocurridos", ya que “se refiere a delitos que han afectado a terceros y que lamentaron afectaciones a su vida, integridad personal y patrimonio, entre otros derechos".
Bajo lo anterior, “una ley de indulto que detenga los procesos judiciales transgrediría de manera grave el derecho de las víctimas a conocer la verdad”.
"Eventualmente podría haber una discriminación arbitraria al excluirse de manera genérica a los funcionarios públicos que participaron en el control de los desórdenes y delitos cometidos", añadió.
Fiscal Nacional
Recordar que el fiscal nacional, Jorge Abbott, también expuso ante la comisión de Constitución del Senado. En la instancia, el jefe persecutor acusó algunos problemas de "claridad" en el texto y recomendó dirigirlo hacia una "amnistía por desórdenes públicos".
"Nosotros hemos manifestado nuestra opinión en general de las inconveniencias del avance de este proyecto de ley en los términos que está referido, estimamos que normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura (…). Hemos sí establecido que es probable suponer que dada la condición y situación que vivimos en el país, pueda ser posible alguna amnistía en relación a delitos como desórdenes públicos, que no producen daños a terceros”, indicó Abbott.