La primera parte en exponer sus argumentos fue la defensa, que a través del fiscal Felipe González planteó que se encontró inconsistencias en los mensajes de texto adjudicados a los comuneros mapuche detenidos.
"Algunos de esos mensajes tenían fechas posteriores a la incautación de los teléfonos", señaló el persecutor, indicando que uno de los mensajes estaba fechado a las 23:00 horas del 23 de septiembre, habiéndose detenido a todos los imputados entre las 14:00 y las 17:00 horas.
Además, González planteó que al momento de solicitar el no perseverar en la causa, se había cumplido el plazo de indagación del caso.
"Llevábamos cuatro meses de investigación", indicó Felipe González, detallando que se había solicitado a Carabineros "en tiempo y forma que realizaran diligencias necesarias para acreditar los hechos de la investigación" y que la policía uniformada solamente había realizado tres puntos de los 17 pedidos.
"La Fiscalía realizó de forma seria, responsable, una investigación que nos permitió obtener antecedentes de un ilícito de alta gravedad y que aún está siendo investigado por parte del Ministerio Público", agregó el fiscal defensor.
El abogado representante de la parte querellante -la intendencia de La Araucanía- solicitó a su vez la reapertura del caso planteando que los peritajes son clave tanto para la investigación propia como para las otras aristas que se han abierto en torno a la "Operación Huracán".
El representante de la intendencia agregó que "todos los fiscales deben actuar bajo principio de objetividad" y que la investigación no se encuentra agotada. "El fiscal cerró la solicitud con diligencias pendientes", planteó, mencionando solicitud de información a Google y Yahoo respecto a cuentas de correo, mensajería y servicios en la nube.
Respecto a los mensajes en los teléfonos de los detenidos, el abogado querellante planteó que "la lógica y la prudencia indican que frente a peritajes contradictorios se debería buscar una tercera opinión dirimente".
El Juzgado de Garantía de Temuco deberá dirimir a continuación si accede a la petición de la Fiscalía de sobreseimiento del caso.
Cabe recordar, además, que tras los cuestionamientos a la evidencia presentados por la Fiscalía el Ministerio Público inició una investigación penal que busca aclarar eventuales responsabilidades por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Noticia en desarrollo...