Cinco años después de las manifestaciones multitudinarias que sacaron del poder al entonces presidente Otto Pérez Molina, Guatemala vivió este fin de semana nuevas y masivas protestas contra el gobierno.
El motivo principal fue la propuesta de presupuestos para el año próximo aprobada en el Congreso. Tras la gran polémica causada, la Junta Directiva parlamentaria se vio obligada este lunes a anunciar la suspensión de su trámite.
Las imágenes de la principal movilización del sábado dieron la vuelta al mundo después de que parte de las instalaciones del Congreso acabaran tomadas e incendiadas por algunos de los manifestantes en la capital del país.
Hasta ese momento, la marcha se había desarrollado de manera pacífica. Finalmente fue disuelta por gases lacrimógenos de la policía y decenas de personas fueron detenidas. Naciones Unidas recomendó investigar el "uso excesivo de fuerza" que causó varios heridos.
Muchos de los manifestantes hablaron de un "hartazgo" general ante la situación que vive el país y la gestión de la clase política con el presidente, Alejandro Giammattei, a la cabeza.
Estos son tres de los motivos que los guatemaltecos argumentaron para salir nuevamente a protestar a las calles.
1. Un cuestionado presupuesto para 2021
Lo que definitivamente encendió la mecha de estas manifestaciones fue la aprobación en el Congreso la pasada semana de los presupuestos del Estado para el año próximo.
El Parlamento, integrado en su mayoría por el oficialismo y partidos afines, dio luz verde a unas cuentas récord de 99.700 millones de quetzales (unos US$12.800 millones).
El presupuesto, que supone un notable aumento respecto al del año en curso antes de que fuera incrementado por la partida dedicada a combatir el COVID-19, contempla una distribución de recursos que fue duramente criticada por algunos sectores.
Así, algunas partidas vitales para la población -una de las más afectadas por la pobreza o la desnutrición infantil en toda América Latina y duramente castigada por los últimos huracanes- aparecen prácticamente congeladas, como las referentes al equipamiento de hospitales o educación.
Organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos, crítica en muchas ocasiones con la gestión del gobierno, vieron reducido su presupuesto.
En cambio, sí aumentaron las partidas para infraestructuras en concesiones para el sector privado.
La aprobación se realizó en una sesión en el Parlamento con carácter de urgencia. Diputados de la oposición denunciaron que el proceso había sido "opaco" al no haber tenido tiempo suficiente para analizarlas.
Pero tras las masivas protestas del fin de semana, la junta directiva del Congreso anunció en la madrugada de este lunes que suspende el trámite del presupuesto "con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social", dijo el presidente parlamentario, Allan Rodríguez.