Esta tarde la Cámara de Diputados finalizó la votación del veto presidencial al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplaza al Sename, iniciativa que ahora pasa al Senado para su votación.
En la instancia, varias de las observaciones realizadas por el Presidente Piñera fueron declaradas inadmisibles y otras fueron rechazadas.
Finalmente, no hubo quórum para mantener la condición de que esta ley entre en vigencia una vez promulgada y publicada la norma de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
Tras el informe rendido a la Sala por el diputado Marcos Ilabaca (PS), intervinieron por parte del oficialismo los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Cristhian Moreira (UDI), Ximena Ossandón (RN), Nora Cuevas (UDI), Luis Pardo (RN), Andrés Molina (Evópoli), Gustavo Sanhueza (UDI) Eduardo Durán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Leonidas Romero (RN).
Las y los legisladores defendieron las observaciones del Ejecutivo, especialmente, las que buscan reforzar el derecho preferente de los padres a intervenir en el cuidado y orientación de sus hijos; las que velan por el interés superior del niño; y la que elimina el artículo que señala que la presente ley entrará en vigencia una vez promulgada y publicada la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
De la oposición expusieron los diputados Matías Walker (DC), René Saffrio (IND), Marcos Ilabaca (PS), Diego Ibáñez (CS), Natalia Castillo (RD) Carolina Marzán (PPD) Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).
Dichos parlamentarios/as criticaron el veto presidencial, ya que, gran parte, no corresponde a las ideas matrices del texto original; ponen en contradicción el derecho de autonomía progresiva con el de los padres a intervenir en la educación de sus hijos; rebajan las inhabilidades para cargos directivos en el nuevo servicio; y reponen la exigencia eliminada por el Congreso, sobre la entrada en vigencia de este proyecto de ley.
A nombre del Gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, reiteró la admisibilidad de todas las observaciones del Presidente de la República ya que buscan reafirmar el derecho de los padres a intervenir en el cuidado y educación de sus hijos, así como resguardar el interés superior del niño.