Al respecto, el diputado y miembro de la Comisión, Raúl Soto, explicó que se trata de un "informe contundente que señala que nos hemos formado la convicción de que el mercado del gas licuado está funcionando de manera inadecuada, con alta concentración, baja competencia, desregulación y que hay características bastante claras e indiciarias de la existencia de una colusión".
En ese sentido, dijo que esperan que la "Fiscalía Nacional Económica ponga esos antecedentes ante el Tribunal de la Libre Competencia para que se investigue y sancione".
Agregó que en el documento final emanado de la Comisión también proponen propuestas en materia regulatoria "para bajar los precios".
Respuesta de las empresas
Frente al informe emanado de la Comisión investigadora, una de las empresas involucradas, Lipigas, se refirió a las conclusiones de los diputados.
Al respecto, fueron enfáticos en rechazar "tajantemente cualquier dicho sobre una supuesta colusión en la industria del gas. El estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), citado por la Comisión, no encontró ninguna infracción a la libre competencia, sino que hizo recomendaciones para mejorar la estructura del mercado. Por lo mismo, cualquier acusación de colusión carece de fundamento y es irresponsable".
Además, puntualizaron que las conclusiones apuntan de que "hay sobreprecios de 181 millones de dólares anuales que han pagado los clientes". En este tema, explicaron que "no es efectivo. No hay sobreprecios".
En el detalle, señalan que "al calcular los márgenes de la industria no consideraron impuestos, inversiones ni costos en tecnología, infraestructura, logística, transporte y servicio. Tampoco consideraron la inflación, que solo entre 2015 y 2020 fue de 15%. En la realidad, si se considera todo lo anterior, el margen operacional por kilo de gas de Empresas Lipigas en Chile no ha ido aumentando. Al contrario, disminuyó en 18,9% entre 2015 y 2020"
De esa forma, al menos desde Lipigas, indican que "la teoría del sobreprecio (...) no es correcta".