Comunes informó la suspensión de la militancia de su actual postulante al Senado, Karina Oliva, a raíz del reportaje de Ciper Chile que reveló que otros siente integrantes del partido emitieron abultados reembolsos ante el Servel por asesorías en su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la investigación, los colaboradores rindieron $137 millones en boletas por las prestaciones, figurando entre los mejores pagados de una campaña desde que existe el registro del Servel, según la publicación de Ciper.
Producto de la situación, la postulante a la Cámara Alta perdió el apoyo del candidato presidencial de su sector, Gabriel Boric, y del resto de Apruebo Dignidad. Además, Chile Vamos presentó una denuncia ante Fiscalía por eventuales ilegalidades.
En ese contexto, las diputadas de Comunes Claudia Mix y Camila Rojas exigieron al Tribunal Supremo investigar la situación, tras lo cual se determinó la suspensión de la militancia de Oliva y de los otros involucrados. Entre ellos aparece Jorge Ramírez, quien era presidente del partido y presentó su renuncia a causa de la publicación.
A Ramírez y Oliva se suman Martín Miranda Sepúlveda, Camila Ríos Puebla, José Robredo, Jean Flores Quintana, Luis Romero y Diego Corvalán.
Además, la colectividad perteneciente al Frente Amplio entregó libertad de acción para los comicios senatoriales, quitándole el apoyo a su candidata.
En un comunicado, Comunes señaló que “de los hechos denunciados, del reportaje de Ciper, y de la propia declaración pública de la candidata a senadora Karina Oliva se desprende que existen antecedentes fundados para considerar, al menos preliminarmente, que existen pagos de sobre sueldos a militantes del partido, contratos excesivos con fundaciones relacionadas y pagos excesivos a terceros”.
"De ser efectivo lo anterior, esto constituye una infracción gravísima a la ética y la probidad, bases fundamentales de una democracia transparente y sana, lo que viola flagrantemente el artículo 1 de los Estatutos y la declaración de principios de Comunes", añadió el movimiento político.
En concreto, la suspensión implicará “la suspensión de todos los derechos consagrados en el artículo 3 de los Estatutos del Partido, mientras dure el procedimiento, y hasta la dictación de la sentencia definitiva”, esto como la máxima medida cautelar que dispone el Tribunal Supremo del partido.
En un comunicado previo, Comunes anunció un Consejo General para el próximo 23 de noviembre para elegir un presidente interno.