La nueva normativa aumenta las exigencias a autoridades y funcionarios a realizar declaración de intereses y patrimonio, regula la enajenación forzosa de y patrimonios accionarios superiores a 25 mil UF.
Lo anterior, incluye a cónyuges y familiares directos, y establece sanciones que llegan hasta la cesación del cargo.
"Uno de los mecanismos que permite a la ciudadanía tener acceso a este tipo de información es la declaración pública de intereses y de patrimonio de las autoridades y de ciertos funcionarios públicos", detalla el documento.
Foto: Agencia Uno