En la cuenta de Twitter del partido se explicó que el documento incluye la conformación de “una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido". Además, se necesitaría la "orden del Presidente y el Ministerio del Interior de desistir en las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado" y "la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa".
Lo anterior fue criticado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en conversación con el diario El Mercurio precisó que “los hechos de violencia ocurridos con posterioridad al 18 de octubre son graves y condenables. Nuestra legislación penal establece una sanción y lo que corresponde es que se investigue y, si se determina responsabilidad, que sean sancionados conforme a la ley".
"Establecer indultos que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época", enfatizó.
Por último, recalcó que "existe la independencia del Poder Judicial. Acusar al Poder Judicial o al Ministerio Público (de un uso político), me parece equivocado".