Un grupo de parlamentarios de oposición, encabezados por los diputado Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC) presentaron este jueves un proyecto de reforma constitucional que cambia la composición del Tribunal Constitucional (TC) a raíz de las últimas modificaciones realizadas por dicha instancia, como las atribuciones al Sernac y la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de lucro a sostenedores de la Educación Superior.
En conversación con 24horas.cl, el parlamentario del PS manifestó que el proyecto "recoge la crítica que está en la opinión pública en torno a varias materias que han sido cuestionadas de manera muy fuerte al funcionamiento del TC en los últimos meses".
En ese sentido, aclaró que el TC no estaría cumpliendo el margen de competencia, excediendo su margen de acción para abordar materias que "no están sometidas a su conocimiento".
En concreto, se busca abordar cuatro puntos, relacionados con la cantidad de ministros. "Hoy día el TC tiene 10, y en caso de empate dirime el presidente. Nosotros consideramos fundamental que tenga un número impar, 9", sostuvo.
En segundo caso, se busca establecer mayores requisitos para los miembros del TC, de manera de que tengan una especialización en materia de derecho constitucional.
Un tercer punto aspira a modificar los quórum de aprobación de las decisiones de la instancia. "Hoy día ellos aprueban la inconstitucionalidad de varias leyes, por una mayoría simple (...) consideramos que una mayoría circunstancial con una postura ideológica le está haciendo daño a la constitucionalidad", dijo, de manera que se busca que se reemplace por un quórum de 4/5 para declarar inconstitucional una ley.
Por último, se pretende que se haga una definición de las materias que son de su competencia, estableciendo que "sólo revise materias que el Congreso le remita previamente en el oficio en que remite las leyes a esta etapa de revisión constitucionalidad, de modo que no puedan usurpar o invadir competencias de otros poderes del Estado como hoy día lo están haciendo".
En el caso de incumplimiento de los límites definidos en la normativa, el parlamentario sostiene que podrían recaer sobre los miembros "responsabilidades administrativas y políticas".