En el proyecto se define ecocidio como "cualquier omisión acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.
Las penas son de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) a presidio mayor en su grado medio (diez años y un día a quince años) en los casos que el delito se cometa con dolo y multas de 900 a 9000 UTM, desde 46 millones a 460 millones.
Tras presentar la iniciativa, el parlamentario expresó que "si no tomamos conciencia y actuamos de forma rápida y drástica para adecuar y cambiar nuestras conductas como Estado, como sociedad, y también para robustecer e introducir a nuestras legislaciones mecanismos que permitan desincentivar el daño de los ecosistemas, probablemente esta aceración del cambio climático va a continuar. Lo que está en juego es el planeta y la especie humana".
El proyecto cita como ejemplos las propuestas de Reino Unido, donde actualmente se encuentra en tramitación; España, donde su consideración fue recomendada al Gobierno por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados; y Bélgica, cuyo gobierno propuso en su programa la inclusión del delito a nivel nacional e internacional. Además, destaca la importancia que le dio el Parlamento Europeo a promover su incorporación.