¿Será correcto que poderosas empresas reciban beneficios municipales por ser consideradas “casos sociales”? Esta es una de las interrogantes que respondió el nuevo reportaje de Informe Especial, liderado por los periodistas Patricia Berti y Raúl Gamboni.
La investigación reveló las graves denuncias sobre posibles irregularidades y mal uso de recursos en las corporaciones municipales de las comunas de Buin y San Fernando, instituciones que están y han estado bajo la lupa de los estamentos fiscalizadores.
¿En qué se gastan los millonarios presupuestos que reciben las corporaciones municipales para beneficiar a todos los chilenos? Estas corporaciones dependen de los municipios y no tienen fines de lucro. Su deber es administrar los recursos en beneficio de la población. Al menos, en teoría.
Buin
En la comuna de Buin, la información alertó sobre conflictos de interés entre el alcalde Miguel Araya y familiares contratados en el municipio. Informe Especial también detectó descuentos millonarios en el pago de derechos publicitarios a importantes inmobiliarias, que coincidentemente han realizado donativos a la corporación cultural.
Una inmobiliaria paga 10 millones de pesos en derechos publicitarios y no 28 millones, gracias a que el alcalde de Buin, según un decreto, estima que su situación se trata de un “caso social”.¿Por qué el alcalde Araya hizo rebajas por este “caso social” a inmobiliarias que, en algunos casos, también realizaron donativos a la corporación cultural?
Además, la Corporación Cultural de Buin entrega dos rendiciones por el mismo evento. Una ante la empresa y otra, al municipio. ¿Por qué se rinde a la municipalidad un gasto que ya estaba subvencionado por un privado?
Las denuncias, además, apuntan hacia dobles rendiciones y pagos de talleres nunca realizados. A la par, el edil enfrenta una acusación tan seria que no se puede eludir. En 2018 se presentó en su contra una querella criminal como posible autor de violación a un menor de 14 años y otros abusos, agresiones sexuales que habrían ocurrido hace 20 años. El abogado Juan Pablo Hermosilla aclaró que el denunciante es uno de sus primos.