Con arraigo nacional quedaron tres mujeres, luego de que fueran imputadas por el Ministerio Público como las responsables de la muerte de un feto en febrero del 2018.
Todo comenzó cuando Soledad Arteaga concurrió al Hospital de Puerto Aysén para su control de las 40 semanas de gestación. En la atención médica recibida el 26 de enero del 2018, el equipo médico de turno detectó que tenía una baja en el nivel del líquido amniótico, por lo que solicitaron el pronunciamiento de la especialista Soledad Catalán Martínez, médico ginecólogo.
Catalán, se limitó a constatar la información por teléfono, sin realizar exámenes o un monitoreo de la actividad fetal, ni revisar la ficha médica de la mujer, dándola de alta.
Pasaron los días y la mañana del 1 de febrero, la mujer asistió nuevamente a un control rutinario asegurando que tenía algunos malestares. Sin embargo, la enviaron a casa.
Por la tarde de ese mismo día, recurrió nuevamente al recinto asistencial acusando que no tenía movimiento fetal. En dicha instancia fue recibida por Moira Oyarzún, matrona que no realizó el monitoreo pertinente, asegurando que todo estaba en orden. A pesar de ello, se decidió suministrarle glucosa, sin realizar una evaluación presencial por parte de la doctora de turno, María Ignacia Valdés.
Valdés dio de alta a la víctima, sólo por la información dada por la matrona de turno, sin verificar el real estado de la paciente.
Así, el 2 de febrero, Soledad recurrió nuevamente al hospital, pero esta vez para dar a luz, momento en el que el médico de turno confirmó la ausencia de latidos fetales.
La víctima fue derivada de urgencia al Hospital Regional de Coyhaique, donde se confirmó el deceso fetal por sufrimiento agudo con una data de muerte de 18 a 24 horas.
Con todo lo anterior, el Ministerio Público decretó el arraigo nacional para Catalán, Oyarzún y Valdés, mientras se fijó un plazo de 90 días para la investigación.