El Ministerio Público consideró que la pena que establece la ley para delitos como el propagar indebidamente contaminantes peligrosos al ambiente es muy baja, y debiera cambiarse a futuro. En base a la baja pena, es que la fiscal Ana María Aldana sólo solicitó firma periódica y arraigo nacional para los ejecutivos formalizados por la contaminación que afectó en agosto de 2018 a Talcahuano y Quintero.
Lunes 9 de diciembre de 2019