Así, precisa que se establecieron diversas acciones ilícitas realizadas por parte de privados, quienes concertados y con la ayuda de funcionarios públicos, lograban la adjudicación de licitaciones públicas para la provisión de bienes y servicios a través del ofrecimiento y pago de beneficios económicos a distintas personas.
El fiscal detalló que los representantes de Itelecom y los funcionarios públicos coordinaron un aumento de los valores de la oferta para la licitación en 500 millones de pesos a fin de financiar el pago de los sobornos respectivos, con la certeza de que esa propuesta era la que se iba a adjudicar, situación que se concretó finalmente.
Por todo lo anterior, el magistrado decretó prisión preventiva para los concejales G.C.V., A.L.V., M.C.T y para los funcionarios de Secoplac D.V.B. y T.V.F. Mientras que para el resto de los imputados se decretó arresto domiciliario total, considerando la situación de las cárceles por la pandemia del COVID-19.
Además todos los imputados quedaron con la prohibición de comunicarse entre ellos y en el caso de los concejales, de participar de sesiones del concejo municipal en que se discutan o se requiera de su intervención para la adjudicación proyectos públicos o cualquier intervención en que discutan fondos públicos.